El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado recientemente que considera necesario que notarías y registros de la propiedad y mercantiles se reestructuren para "adaptarse a las nuevas realidades", toda vez que "los vientos que vienen de Europa no son los mejores" para este tipo de profesiones con aranceles regulados.
Caamaño piensa que se debe acometer una revisión de las funciones de cada colectivo para "evitar duplicidades", lo que puede desembocar en la creación de "un solo cuerpo".
Ya se produjo una integración entre notarios y corredores de comercio, pero el ministro de Justicia no cree que este sea el modelo a seguir.
"¿Por qué tengo que pagar por una copia de mi hipoteca? ¿Por qué pagar por algo que yo mismo he inscrito en un registro público?", se preguntó Caamaño en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur). "No puede ser, habrá que cambiar", sentenció el ministro, que también se preguntó por qué no existe un registro único.
En cualquier caso, agradeció la comprensión de notarios y registradores cuando el Gobierno decidió rebajar los aranceles y por el esfuerzo realizado para agilizar la constitución de sociedades. Destacó que el clima de diálogo no ha tenido efectos en todos los casos, ya que los registradores han recurrido en los tribunales las resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado que establecían que las cancelaciones hipotecarias son documentos sin cuantía, es decir, que el arancel es de 30,05 euros.
"Siguen erre que erre", comentó Caamaño, quien anunció una inminente reforma del decreto para que sea "inequívoca la redacción". Según las facturas analizadas por la OCU, de media se está cobrando en el registro 144 euros por cancelación.
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